Las dos Andalucías

Rubén Pérez Trujillano

Las recientes descalificaciones que ha proferido en un famoso programa de televisión Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart contra los jornaleros y la juventud andaluza hacen reflexionar sobre la verdadera naturaleza de lo que puede denominarse el hecho de las dos Andalucías.

.
Para los que creemos que el esencialismo sirve para la poesía pero no para la política, el origen más próximo de la Andalucía de nuestros días se ubica a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el marco de implantación del capitalismo y el Estado liberal burgués. Es entonces cuando se va pergeñando ese problema de envergadura social que permite hablar de la existencia de dos Andalucías. Las guerras civiles y el liberalismo económico abanderado por Jovellanos derivaron en una de las mayores catástrofes sociales de la historia reciente del Estado español: las desamortizaciones de bienes eclesiásticos, municipales y comunales en beneficio de las clases sociales que en aquel turbio contexto estaban en boga. La correlación de fuerzas durante el desarrollo de la Revolución liberal burguesa en España hizo que fuera imprescindible establecer una alianza entre la vieja aristocracia en peligro y la pujante burguesía con tal de evitar un régimen que privara de sus privilegios tanto a una como a otra clase. De ahí que ambas formasen el bloque de poder dominante en un nuevo régimen que, precisamente por eso, conservaba vestigios feudales. En resumen, puede decirse que se trató más de un proceso de transacción de formas de dominación y opresión antiguas que de transición hacia unas relaciones sociales y de producción cualitativamente diferentes.

.
Esto explica que la burguesía liberal, artífice de las medidas expropiadoras, no sólo respetara las propiedades de la nobleza, sino que acordara con ésta el reparto de las tierras municipales y comunales. En este momento de perpetua lucha entre el pueblo que de hambre en hambre se rebela y los terratenientes nobiliario-burgueses que usan la ley y los instrumentos estatales del terror a su favor, comienzan a instalarse los pilares de las dos Andalucías. A partir de ahí un andaluz, es decir, una persona que ha venido a nacer o, en su caso, a desarrollar su vida en un medio social dado y bajo una realidad material y cultural concreta, puede encasillarse inequívocamente en alguna de las dos contrapartidas que conforman ese país que es Andalucía.

.

Por un lado destaca la Andalucía oligárquica, terrateniente y plegada lo mismo a la corte madrileña que a los comerciantes extranjeros. La que mantuvo el Tribunal de la Santa Inquisición hasta 1834 y financió la creación de la Guardia Civil diez años después con el fin de aplastar los motines de hambre o bien las revueltas obreras. La esencia caciquil de una nación creada sobre criterios de renta, el brazo fuerte de la España de los propietarios que no aceptó diversidad cultural ni étnica de ningún tipo. La Andalucía que gustaba de hablar fino y la Andalucía de los que antes que arriesgar en empresas y proyectos comunes prefería trepar en las redes clientelares y de patronazgo de los partidos dinásticos cuando no en el partido único; la Andalucía de los militares de carrera y, por supuesto, de esa mezcolanza inconfundible de incienso y casino. O, por otro lado, alguien que se considere andaluz puede acudir al acerbo de la Andalucía trabajadora que además es pobre, pues así la quisieron los primeros, la Andalucía del podrerío, sometida al jornal diario y a las intimidaciones de quien por medio de pistoleros controlaba su vida. La Andalucía que siendo sufridora, desmayadita de hambre y de esperanzas, echaba mano de esa evasión mágica a la que llamamos “gracia”. Pero a su vez, la Andalucía orgullosa, madura y con la conciencia obrera de todo pueblo sublevado.

.

Orgullosa porque su sino viene siendo afrontar un permanente desafío contra el explotador y contra aquéllos de arriba de Despeñaperros que vilipendian sus señas de identidad, sus formas de ser, cuando aquéllas siempre se habían desenvuelto más allá de los altos muros del mercado. Madura, a causa de la sombra que a diario ha compuesto la tragedia de las gañanías y las alcobas murientes, madurez que preludia eso que ha sido bautizado como “duende” por la poesía popular. Y con acusada conciencia, porque así ha tenido que ser por necesidad la Andalucía de los acosados, los perseguidos y los ajusticiados. La de los emigrados que saben que no regresarán y la de los hijos de la inclusa que permanece dolorida y venerable en los barrios de un puerto con olor a pólvora. La Andalucía flamenca en el más puro significado de las palabras “felah mencub”: la Andalucía de los desposeídos. La que ensayó revoluciones milenarias en la hora del reparto final, imprimiendo en sus coplas y fandangos el odio hacia las plusvalías y la acumulación de beneficios mucho antes de que un alemán escribiera El capital.

.

Cada uno por su parte, la historia, que no el azar, ha dispuesto que sean Cayetano Martínez de Irujo (duque de Salvatierra) y Diego Cañamero Valle (portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores) quienes personifiquen la representación simbólica más precisa de esas dos Andalucías antagónicas, claramente divorciadas, que aún hoy luchan, se equivocan y se querellan.

· Publicado en Área, 31/12/2011

y Tercera Información, 01/01/2012.

Desigualdad y españolismo

En Paralelo 36 Andalucía y en Tercera Información puede leerse mi último artículo de opinión, "Desigualdad y españolismo", en el que se emprende un breve análisis del discurso sobre la "igualdad de los españoles", preponderante actualmente en la mayoría de los foros políticos, así como, pasando por un alegato en defensa de las distintas facetas de la discriminación positiva, se estudia también el verdadero sentido que partidos como PP y UPyD otorgan a dicho discurso.

El grito de la justicia

Rubén Pérez Trujillano

No son pocos los que achacan esta cascada de crisis (financiera, política, social, ecológica, moral) al individualismo liberal. Echando un vistazo al pasado, resulta que ya tempranamente, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, puede contemplarse sin ambages en su art. 2, que declara la propiedad, la libertad y la resistencia a la opresión como “derechos naturales e imprescriptibles”.

Guido de Ruggiero publicó su Historia del liberalismo europeo en 1925, en pleno auge del fascismo. Suyas son estas palabras: “Los hombres debían ser libres en relación con sus propios derechos e iguales sólo ante la defensa de la institución de la propiedad y el explícito reconocimiento de las diferencias económicas y sociales que surgen a través de la igualdad de las leyes”. Éste es el significado del moderno individualismo liberal. Y añade Ruggiero: “El sentimiento profundo de la justicia y de la injusticia social es completamente moderno”. Los motines y las insurrecciones de la Edad Media no surgieron nunca en nombre de la justicia, ya que no existían conexiones entre los privilegiados y los no privilegiados. Los primeros basaban su dominación en un justo título de carácter particular que raramente suscitaba celos ni resentimientos. “Totalmente distintas son las condiciones en la época moderna –prosigue Ruggiero-, cuando los privilegios surgen de la conciencia misma de la libertad y de la igualdad entre los individuos, llevan en sí la señal patente de la injusticia y del abuso, produciendo por tanto, a su vez, una mayor intolerancia que agrava la lucha social”.

Creo que el grito de justicia vino a nacer en los campos de Andalucía. El grito indignado que emerge de la tierra. Desde la “República Federal con todas sus reformas sociales” reivindicada en Despeñaperros el 21 de julio de 1873 hasta el “viva Andalucía libre” de Blas Infante. Desde el llamado “Trienio Bolchevique” de 1918-1920 hasta el lema que Javier Verdejo dejó a medio escribir cuando lo asesinaron la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1976: “Pan, trabajo, libertad”. Quizás sólo alguna de las consignas creadas al calor del movimiento 15M sea equiparable a aquella otra fórmula. La síntesis más exacta de que hoy disponemos para rubricar la historia de nuestro pueblo.

Para que unas relaciones sociales verdaderamente alternativas, sin explotación, sean elevadas a la condición de relaciones jurídicas, es decir, que la Constitución las incluya, es necesario que una parte significativa de la sociedad sea partícipe de aquellas relaciones sociales. Es el instrumento de lucha más efectivo: el número. Los indignados tienen ante sí entonces una tarea titánica, la de exteriorizar su voluntad cívica, sin miedo, hasta niveles insospechados. José Luis Sampedro ha dicho que los indignados tienen la razón, que por eso mismo no tienen derecho a la violencia. Pero me atrevería a afirmar que el grito de la justicia, el grito de esta tierra, es suyo. Luego el derecho a la insumisión les pertenece. Sin miedo. Es más, puesto que a Olympe de Gouges, la autora de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotinaron en aquel período revolucionario en muchos sentidos triste, me permito la licencia de recalcar que es especialmente a las indignadas a quienes corresponde esa tarea.

A estos hábitos democráticos habrá de responder el Gobierno que venga proveyendo de los mecanismos y las condiciones requeridas para que los ciudadanos participen libremente en la vida social y política del Estado. Sólo así, con las herramientas del derecho y las instituciones, los ciudadanos se sentirán implicados responsablemente en su destino, dirigiendo su Estado en la travesía hacia una democracia cada vez más nueva, más real.

Las experiencias, los dramas históricos del Estado español desvelan con nitidez que únicamente por vía de la participación activa de las masas populares (españoles, magrebíes, ecuatorianos) en el examen de las cuestiones más cruciales de la vida del país cabe esperarse una solución justa.

· Artículo publicado en inSurGente (13/08/2011)

y La Crónica de Andalucía (10/08/2011).

La nación global en el origen de la crisis

Acaba de aparecer en Paralelo 36 Andalucia (http://www.paralelo36andalucia.com/) mi artículo: "La nación global en el origen de la crisis". A partir del estudio de una institución jurídica concreta (los "Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones") pueden visualizarse algunos retazos que nos ayuden a comprender dos elementos esenciales de la realidad política actual: por un lado, la merma de la soberanía de los Estados y, por otro, cómo estos últimos ponen cuestiones tan cruciales como la nacionalidad y la ciudadanía al servicio de los grandes inversores y los especuladores financieros. Puede verse, igualmente, de qué manera un desconocido como Blas Infante había advertido este tipo de procesos cuando analizó el llamado "principio de las nacionalidades" y se atrevió a proponer un nuevo principio: el "principio de las culturas".

Algunas noticias recientes, relacionadas con los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones, son las siguientes:

• 
  
  
  La Voz de Galicia, "El Gobierno «vende» que la visita de Gadafi puede valer contratos por 12.000 millones", 18/12/2007.



• Espacios europeos, "Malabo, ni ratifica, ni respeta <<el acuerdo sobre la protección de inversiones españolas>>, ni a los españoles", 20/02/2009.
  

¿Hacia el fin de la soberanía nacional?

Rubén Pérez Trujillano

El anuncio de un acuerdo entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición ha actuado como un jarro de agua fría en los círculos más críticos de la prensa. Pocos han sido, sin embargo, los que han ido con sus escritos más allá del ataque al Estado del bienestar y sus consiguientes efectos en la vida de la población. A este respecto, como dice Ernesto Ekaizer, “el acuerdo es el preámbulo de lo que vendrá” en la próxima legislatura (Público, 27/08/2011), pero no menos cierto resulta, a mi juicio, que subyace en el pacto una tórrida metáfora de lo que viene sucediéndole al sistema democrático español. Me refiero a la cuestión de la titularidad de la soberanía.

Entendiendo que el actual es un contexto de crisis, y que bajo ese parapeto se fundamentan decisiones unilaterales como ésta (que la portavoz del PP en el Congreso, Sáenz de Santamaría, se afana en tildar de “técnica”), cabe establecer una fórmula muy sencilla. A saber: si en una coyuntura excepcional son dos partidos monolíticos los que toman tan cruciales decisiones y los que se conceden en bloque la voluntad soberana que toda reforma de la Constitución requiere, se deduce entonces que son esos dos mismos partidos políticos los titulares de la soberanía nacional el resto del tiempo. Podemos hallar una imagen que refleja nítidamente esta tesis en la última reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, aprobada mediante la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, con el respaldo del PSOE, PP, CiU y PNV. Los ciudadanos y ciudadanas tomando las plazas, reclamando mayores cuotas de participación directa en la toma de decisiones, mientras que el bipartidismo (y su apéndice nacionalista conservador) se fortalecía silenciosamente.

Esta situación, en la que la soberanía política y jurídica (no la económica, como sabemos) está enajenada permanentemente por el poder político y por dos partidos tan hegemónicos que se antojan órganos del Estado, se debe sobre todo a la configuración actual del arco parlamentario (PSOE y PP acaparan más del 92% de los escaños del Congreso y un 87% en el Senado). Es cierto que los precursores de este hecho son los mismos electores, pero no son los únicos responsables en el marco de una sociedad crecientemente despolitizada y manipulada, con el añadido de un sistema electoral injusto.

Esto nos lleva a otras consideraciones. Se planteó hace cuestión de días la modernización de nuestro entramado administrativo, concretamente en lo referente a las diputaciones provinciales. Aunque existía cierta voluntad política por parte del PSOE y otras fuerzas de la oposición, tocar el texto constitucional parecía cosa de locos. Lo mismo sucede con la ley electoral, cuya modificación forma parte de las promesas electorales del candidato Rubalcaba. Sin embargo, hoy nos vienen con un acuerdo insólito acerca de la economía española y la Administración pública. Su expresión, el nuevo art. 135, no será sometida a referéndum según las últimas declaraciones de PSOE y PP. La Constitución no lo exige, pero son muchos los que creen que una situación de crisis requiere la participación de la población en los resortes del poder, máxime cuando –y esto es lo que también muchos temen- el nuevo precepto constitucional va a tener preferencia frente al derecho al trabajo (art. 35) o el derecho a una vivienda digna (art. 47). Estos últimos días han quedado de manifiesto entonces algunas ideas clave.

En primer lugar, que en el PSOE lo único que cuenta de cara a una posible debacle electoral es el hecho de que el denostado Zapatero, en fusión con el candidato Rubalcaba –o al revés-, tomen una decisión grave, histórica, independientemente de la orientación ideológica, las consecuencias negativas que sufrirán las capas medias y bajas de la sociedad y, por supuesto, al margen también del compromiso adquirido con sus electores en 2004. En segundo término, ha quedado claro que el PP es capaz de responder a las expectativas de sus electores, toda vez que éstas se centren precisamente en el acatamiento con resignación ó normalidad –aún no lo sé- de la quiebra existente entre Estado y sociedad.

Tercera puntualización. La trayectoria del PSOE nos demuestra, asimismo, que si bien es sabido por todos que los partidos nunca han cumplido sus programas, pocos son los que comprenden una metamorfosis de tan inesperadas dimensiones. Y es que el PSOE de hoy se comporta caníbalmente con el PSOE de ayer. Un precepto constitucional en los términos que fija el nuevo art. 135 supone el desplazamiento definitivo del art. 1 (párrafo 2º: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) a la esfera de las metafísicas jurídicas y la retórica normativa. En otras palabras, parece que la Constitución no ha resistido el envite que el siglo XXI le ha deparado tan tempranamente. Amenaza con dejar de ser nuestra Ley primera y fundamental, discutida, consensuada y aprobada, para convertirse sustancialmente en una decisión política a cargo del titular del poder constituyente (el bloque PSOE-PP), a la sazón más sensible a las directrices del neoliberalismo europeo (Merkel, Sarkozy, etc.) que a la voluntad del pueblo (15-M, 19-J, etc.). Nuestro Estado de partidos ha dejado la democracia en suspenso con la finalidad de protegerse al tiempo que los movimientos ciudadanos exigen un nuevo modelo de Estado.

Salvando las distancias, parece que, como en 1808 y en 1835, las masas populares hayan reaccionado espontáneamente reclamando para sí su función prístina e inalienable, que no es otra que la de ejercer el poder constituyente. La soberanía, efectivamente, se puede delegar en unos representantes democráticamente elegidos, pero en ningún caso puede ser transferida como un cheque en blanco. ¿Por qué no afrontar seriamente la necesidad del mandato imperativo, que permita al electorado revocar el poder delegado en sus representantes, o una alternativa análoga que torne los programas electorales en elementos jurídicamente vinculantes? En este sentido, parece que existe una voluntad cívica dispuesta a recomponer el Estado desde abajo. ¿Será suficiente la máxima pacifista con que se presentó el movimiento 15-M para que no estalle el odio con formas violentas, como ha sucedido en Francia, Grecia, Chile ó, más recientemente, en Gran Bretaña? Espero que la racionalidad y la coherencia del proyecto político del 15-M no salte por los aires, pero: ¿podemos confiar en que el bipartidismo dispondrá de los medios para que todas estas demandas, alumbradas en el vientre de la dignidad que conlleva el estatus de ciudadano, cristalicen en un sistema democrático verdaderamente nuevo, inédito en este Estado? De momento está claro que no, aunque el modelo de Islandia sigue en pie.

En definitiva, estamos ante una reforma constitucional que se nos cuela por la puerta de atrás y que por eso mismo puede suponer el fin evidente de toda posibilidad democrática radical dentro de las administraciones y autoridades públicas. Esta maniobra gestada por el bipartidismo implica a su vez el alejamiento de las élites políticas y el pueblo. El abismo entre representantes y representados, cuya distancia comienza a ser la misma que media entre la hipótesis y la realidad, puede llevarnos a desagradables experimentos autoritarios, algo de lo que desafortunadamente Europa aporta algunos ejemplos. A esta situación, que no distingue entre normalidad y excepcionalidad –quizás porque la crisis enmascare el inicio de una nueva etapa que altere los roles- nos ha conducido un bipartidismo al que habíamos otorgado patente de corso. Por eso creo que en las próximas elecciones generales y autonómicas el comportamiento más digno pasa por votar a partidos de tercera o cuarta fila. Porque muchos somos, de hecho, ciudadanos de tercera.

· Publicado en Paralelo 36 Andalucía e inSurGente.

(Imagen: Jura de la Constitución de 1876 por Isabel II. Sostienen los textos legales el líder del Partido Conservador, Antonio Cánovas del Castillo, y el líder del Partido Liberal, Práxedes Mateo Sagasta).