Universidad y sindicatos ante el 'caso Garzón'.

ANTONIO ELORZA
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.


Los medios de opinión de la derecha española han iniciado ya desde hace semanas una campaña contra la posibilidad de que los sindicatos mayoritarios decidan una u otra forma de actuación frente al delirante procedimiento que está a punto de acabar con la carrera judicial de un prestigioso magistrado por el terrible crimen de intentar fijar de una vez las responsabilidades de quienes se sublevaron el 18 de julio de 1936, no sólo para acabar con la democracia, sino para eliminar masivamente a todos aquellos que la defendían. En una palabra, de quienes planearon y llevaron a cabo un genocidio, con más de cien mil ejecutados, amen de desencadenar la Guerra Civil.

Asimismo clamarán ahora contra el hecho de que nuestra Universidad se sume a la iniciativa de UGT y CC OO, olvidando que la Universidad era presentada por el dictador como el centro en que se fraguaba la degeneración de España, en virtud de lo cual muchos universitarios fueron asesinados y/o represaliados. La Universidad fue víctima del genocidio franquista. Es lógico que tome una posición pública frente a aquellos que desde cualquier ángulo y condición traten de frenar la declaración del levantamiento franquista como crimen contra la humanidad y que apoyen a los perseguidos injustamente por intentar una delimitación jurídica de esa responsabilidad criminal, no para ejecutar venganza alguna, sino para que de una vez por todas resulte deslegitimado todo intento de edulcorar la imagen de ese genocidio, en la opinión pública, y sobre todo en la enseñanza.

Tantas o más razones existen para la movilización de los sindicatos mayoritarios (curiosamente la derecha ha callado cuando se han puesto en acción los fascistas, verdaderos grupúsculos sin otra presencia que la reconocida para ellos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo).
CC OO no existía en 1936, pero UGT, sí, y de acuerdo con las instrucciones del general Mola, en los documentos previos al 18 de julio e inmediatos a esa fecha que reproducía en su auto el juez Garzón, en tanto que pertenecientes a la izquierda y al Frente Popular, la suerte de sus miembros no debía ser otra de antemano que el pelotón de ejecución. Había que imponer el terror; un simple delito político para la argumentación del juez Varela contra Garzón, como si delito político y plan de exterminio político (y físico, esto Varela lo omite) fueran la misma cosa.
La UGT fue víctima de una condena a muerte extensible a todos sus miembros, y aplicable de forma preferente a todos aquellos que desempeñasen funciones directivas, partiendo del nivel local. ¿Cómo va a permanecer callada ante el intento de destrucción de la justicia que está teniendo lugar?

Y no sólo fue la muerte. A título personal, puedo mencionar el caso de mi padre, Antonio Elorza, que formó parte de la Comisión de la UGT que gestionó la Bolsa de Madrid a partir del 6 de noviembre de 1936. Guardo conmigo su carné, el que conservó hasta el fin de sus días y que hasta bien entrados los 40 le hubiera supuesto muerte. Nunca nadie le acusó de otra cosa.

Mantuvo el pago de sus cuotas hasta marzo de 1939 y desde la victoria de Franco, tras salvar la piel permaneciendo escondido como topo durante varios años, perdió su empleo, y no lo recuperó hasta 1976. ¿Cuántos militantes de UGT salvaron la vida, pero vieron destrozada esa vida por el simple haber pertenecido al sindicato?

No es cuestión de venganza, sino de impedir que el mismo tiempo se corra una cortina infranqueable sobre el crimen de lesa humanidad en que consistió el franquismo y sea condenado quien intentó asumir la puesta en marcha de la justicia, siguiendo la estela de Francia, de Italia, de la propia Argentina.

Los autos del juez Varela rezuman incomprensión hacia lo sucedido a partir de julio del 36, animadversión al juez Garzón, perfectamente comprobable a partir de una lectura atenta de sus autos, y rechazo consciente de la pretensión de hacer justicia sobre algo que desde el juicio de Nüremberg debiera tener bien claro todo magistrado. Actuar frente a ellos mediante la ley y ante la opinión pública es, pues, una exigencia democrática.