La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ante las elecciones en Colombia.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN –Cxab Wala Kiwe— sabe lo importante que resulta para el país la próxima elección de presidente de la República. Varias comunidades han pedido a la Consejería Mayor de la ACIN que señalemos los elementos que deben ser tenidos en cuenta en esta coyuntura, marcada por la crisis que vive nuestro instrumento electoral, la ASI. Hemos respondido que se trata de tomar una decisión que nos permita a los sectores populares y a los pueblos indígenas –aunque sea en alguna medida-- aproximarnos a nuestro sueño de un país sin dueños para unos pueblos dueños de sí mismos. La decisión no debe agravar nuestra desequilibrio interno, sino ayudar a resolverlo.

Hemos propuesto a los colombianos y a las colombianas una plataforma de construcción de vida, resumida en la Agenda de la Minga Social y Comunitaria. Es una Agenda simple: echar atrás los TLC, derogar la legislación del despojo (que nos quita derechos y territorios, y que niega el derecho de la libre determinación), derrotar la política de terror enmascarada de seguridad democrática, cumplir los acuerdos con los pueblos indígenas y el movimiento social. Nada del otro mundo, ni imposible de realizar. Sin embargo, ninguno de los candidatos o candidata presidenciales puede --ni quiere-- representar estos planteamientos. No nos sorprende, porque nuestra Agenda de los Pueblos solo la podrán hacer realidad los propios pueblos (como dice uno de sus puntos). Ni lo esperábamos. Pero lo recordamos para que el agite electoral no genere confusión y errores en los mingueros que, como nosotros, se preocupan por el futuro del país.

Tampoco se le puede pedir a lo electoral más de lo que puede dar. La mayoría de las veces las apuestas electorales son insuficientes, porque las condiciones políticas no permiten avanzar como esperan los pueblos. Eso lo hemos confirmado con las alcaldías indígenas, que casi siempre van por detrás del ritmo de la comunidad. Seguimos participando en esos espacios porque a pesar de lo lentas pueden significar un avance, aunque sea pequeño, y porque cuando se detienen, las propias comunidades las jalan o las empujan para que cumplan sus compromisos. Lo que sí tenemos claro es que no apoyamos ninguna propuesta electoral que signifique retrocesos políticos o desmonte de los derechos sociales conquistados, o que abiertamente se oponga a lo que queremos o necesitamos.

Ese mismo criterio debemos aplicar en el caso de las próximas elecciones presidenciales. No nos sorprende que ninguno haya incorporado nuestra agenda. Nos extraña sí, que algunos llamen a votar por quienes sin ninguna duda desconocen nuestros derechos, rechazan nuestras decisiones, atacan nuestro proceso político-organizativo o prometen continuar con la guerra y el despojo neoliberal.

Llamado

En la actual coyuntura, a la hora de decidir cualquier apoyo a un candidato presidencial, la Consejería Mayor de la ACIN llama a los comuneros indígenas que decidan participar, a valorar si la propuesta electoral del respectivo candidato incluye puntos específicos que paren los retrocesos en materia de derechos y detengan la legislación del despojo que impuso Uribe Vélez. Señalamos los más relevantes temas de atención:

1. ¿Continuidad de la guerra (llamada seguridad democrática) o búsqueda de la paz? Para desgracia del país, ninguno de los candidatos aboga por la paz; se han dejado contagiar del lenguaje y la actitud del actual gobierno, que gana puntos en las encuestas llamando a la guerra y a la muerte. Todos esquivan buscar una solución al conflicto armado; prefieren ganar votos antes que ganar la paz.

Ningún indígena del Cauca debería votar por quien prometa seguir la guerra, o mantener “lo mejor” de la in-seguridad democrática: esa política nos ha costado en estos 8 años más de 200 indígenas nasa asesinados.

Al revés, debemos exigir la suspensión –por lo menos-- de los componentes más criminales de la seguridad democrática: Terminar la militarización de los territorios indígenas y la vinculación de civiles al conflicto; desmontar los Centros de Coordinación de Acción Integral CCAIs en territorios indígenas; judicializar los “delitos de la seguridad democrática”, como las chuzadas, los falsos positivos, las amenazas y montajes desde el DAS; y adoptar una política nacional en derechos humanos claramente diferenciada de la política de criminalización de la movilización social y de la oposición.

No debería haber ningún apoyo indígena para quien no se comprometa claramente con la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado, con protagonismo de la sociedad civil.

2. ¿Defensa de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, o “legislación del despojo”? Pocos candidatos hablan de derechos sociales, económicos, ambientales y culturales; ninguno de derechos de la Madre Tierra.

Consideramos que lo más urgente es impulsar una reforma a la legislación petrolera y minera que le devuelva al país y a la naturaleza sus derechos, adecuada a los principios de soberanía, derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales y derechos humanos; y la reversión de todas las concesiones a operadores privados de las funciones públicas en materia minera, de agua y forestal. La venta desenfrenada del subsuelo, del aire y del agua, no puede ser el destino de Colombia.

Lo anterior, debe complementarse con una política de reforma agraria progresiva y la reactivación de la economía campesina y rural. En nuestro caso, sigue siendo ineludible culminar la devolución y saneamiento de los territorios indígenas; así como la expedición de una norma que garantice nuestra condición ya reconocida de entidades territoriales de la República, en sus componentes de competencias, recepción de transferencias, sistemas propios de gobierno y reemplazo de los actuales municipios.

Todos los candidatos hablan de un acuerdo nacional para reestructurar el sistema de salud. Nuestra posición es que esto solo puede ser exitoso si el principio es transformar en derecho lo que el neoliberalismo –desde los liberales Gaviria y Samper, pasando por el conservador Pastrana, hasta el fascista Uribe— han convertido en mercancía.

3. Suspensión de las negociaciones de los TLC con Estados Unidos y Unión Europea. Un par de candidatos se oponen a los TLC por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colombia contra los sindicalistas y demás sectores populares. Compartimos esa posición, pero es totalmente insuficiente. Porque la principal violación a los derechos humanos son los propios TLCs, aunque no hubiera un solo sindicalista muerto o afrodescendiente desplazado o indígena asesinado.

Los TLCs nos convierten en colonias de Estados Unidos o Europa, acaban la economía, entregan el territorio, destruyen la Madre Tierra, quitan la soberanía. No podemos apoyar una propuesta electoral que disfraza su apoyo a los TLC con el manto de exigir solamente que se cumplan los derechos humanos.

4. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, debe ser adoptada como norma interna. Obviamente el Estado colombiano está obligado a acatar esta Declaración, que según la Corte Constitucional hace parte del “derecho internacional consuetudinario”. Pero un gesto de avance sería que el candidato o candidata incluyera el compromiso de adoptar esta disposición como parte del ordenamiento interno.

Lamentablemente este punto ha sido totalmente eludido por todos los candidatos; por el contrario, parece haber una competencia entre ellos para señalar con más radicalidad que los territorios indígenas no están vedados a los militares y que los recursos naturales (que están en nuestros territorios) son para explotarlos, precisamente dos temas en que la Declaración nos protege.

Los candidatos

El proyecto de muerte tiene sus mejores exponentes en los candidatos uribistas (Santos, Sanín y Vargas Lleras): están por la guerra, por los TLC, por el despojo. En el campo de los no-uribistas, resulta simpático que Pardo, el que ordenó romper la tregua con las FARC en 1989, sea el único que hable de salida negociada al conflicto armado; que siendo miembro de un partido de terratenientes, abogue abiertamente por una reforma agraria; que impulsando la Ley 100 como ministro de Gaviria hoy proponga su desmonte. Pero su verdadero talante se conoce al confirmar su total apoyo a los TLC y a la continuidad del modelo de extracción de recursos naturales.
Mockus, por su parte, ofrece, como diferencia esencial con el uribismo, “cumplir la ley y respetarla”. No es una diferencia pequeña comparada con un gobierno que ha actuado todo el tiempo por fuera de la ley, y que quiere permanecer a través de Santos. Pero nuestro problema son precisamente las leyes, impuestas por la política neoliberal; para nosotros no se trata de cumplirlas sino de cambiarlas. De resto, Mockus no hace ninguna diferencia con el modelo vigente. Su propuesta ambiental es irrelevante; su política rural es aumentar la productividad del campo con más capitalismo, como si no fuera el capitalismo el que produjo el modelo parásito de la propiedad agraria; no asume la importancia de sistemas económicos indígenas o campesinos, ni nuestro derecho a gobernarnos; está totalmente de acuerdo con los TLCs; promete seguir la guerra, la seguridad democrática y darle continuidad a las bases militares gringas. Aunque Antanas significa una derrota para el uribismo no es una victoria para el movimiento popular. A lo sumo es una victoria de un sector del Establecimiento que quiere volver a gobernar en la Casa de Nariño luego de la “ocupación paramilitar”. Mockus no asusta para nada a los empresarios ni a las transnacionales ni a los banqueros; por eso ya se han adherido a su campaña muchísimos representantes de ese sector.

Petro, por su origen, es el candidato más cercano al movimiento indígena. Su afán electoral se expresó al principio en una campaña equivocada por parecerse al centro político y ocultar el programa del Polo Democrático. Eso lo llevó a afirmar que mantendría “lo mejor” de la “seguridad democrática” sin falsos positivos, desconociendo que se trata de una política totalmente fracasada, y a despreciar la urgencia de una negociación política centrando su estrategia de paz en realizar reformas estructurales, cerrando así la puerta a los necesarios diálogos de paz; su oposición al TLC se ha centrado demasiado en la problemática de derechos humanos antes que en los impactos económicos y territoriales. La vinculación de Carlos Gaviria a su campaña le ha dado un nuevo perfil, más consecuente con lo que representa la plataforma del Polo, y ha permitido ver con claridad diferencias sustanciales con el proyecto de muerte; particularmente en materia agraria, donde propone una intervención a gran escala para expropiar a los narco-terratenientes, y devolver las tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes y promover empresas productivas para desarrollar un gran plan por la soberanía alimentaria; también son relevantes propuestas como en el sistema de salud preventiva y su propuesta de derecho al agua. A pesar de que sus salidas en falso lo hacen merecedor de alguna desconfianza, consideramos que es quien más se aproxima a lo que queremos construir.

Para nosotros es claro que la guerra, la industria minero-energética depredadora y los tratados de libre comercio son nuestros principales enemigos. Son los causantes de la muerte. Son el proyecto de muerte. Nadie que defienda este modelo en sus programas electorales merece nuestro apoyo.

La Consejería de la ACIN no convoca a votar por ningún candidato en especial; pero sí advierte sobre los que no representan para nada nuestro proyecto. Y llama a sus comunidades para que al momento de votar, tengan en cuenta lo que consideramos “los mínimos” que debe cumplir cualquier candidato para merecer nuestro apoyo.

Consejería Mayor
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN – Cxab Wala Kiwe