Rubén Pérez Trujillano
No son pocos los que achacan esta cascada de crisis (financiera, política, social, ecológica, moral) al individualismo liberal. Echando un vistazo al pasado, resulta que ya tempranamente, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, puede contemplarse sin ambages en su art. 2, que declara la propiedad, la libertad y la resistencia a la opresión como “derechos naturales e imprescriptibles”.
Guido de Ruggiero publicó su Historia del liberalismo europeo en 1925, en pleno auge del fascismo. Suyas son estas palabras: “Los hombres debían ser libres en relación con sus propios derechos e iguales sólo ante la defensa de la institución de la propiedad y el explícito reconocimiento de las diferencias económicas y sociales que surgen a través de la igualdad de las leyes”. Éste es el significado del moderno individualismo liberal. Y añade Ruggiero: “El sentimiento profundo de la justicia y de la injusticia social es completamente moderno”. Los motines y las insurrecciones de la Edad Media no surgieron nunca en nombre de la justicia, ya que no existían conexiones entre los privilegiados y los no privilegiados. Los primeros basaban su dominación en un justo título de carácter particular que raramente suscitaba celos ni resentimientos. “Totalmente distintas son las condiciones en la época moderna –prosigue Ruggiero-, cuando los privilegios surgen de la conciencia misma de la libertad y de la igualdad entre los individuos, llevan en sí la señal patente de la injusticia y del abuso, produciendo por tanto, a su vez, una mayor intolerancia que agrava la lucha social”.
Creo que el grito de justicia vino a nacer en los campos de Andalucía. El grito indignado que emerge de la tierra. Desde la “República Federal con todas sus reformas sociales” reivindicada en Despeñaperros el 21 de julio de 1873 hasta el “viva Andalucía libre” de Blas Infante. Desde el llamado “Trienio Bolchevique” de 1918-1920 hasta el lema que Javier Verdejo dejó a medio escribir cuando lo asesinaron la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1976: “Pan, trabajo, libertad”. Quizás sólo alguna de las consignas creadas al calor del movimiento 15M sea equiparable a aquella otra fórmula. La síntesis más exacta de que hoy disponemos para rubricar la historia de nuestro pueblo.
Para que unas relaciones sociales verdaderamente alternativas, sin explotación, sean elevadas a la condición de relaciones jurídicas, es decir, que la Constitución las incluya, es necesario que una parte significativa de la sociedad sea partícipe de aquellas relaciones sociales. Es el instrumento de lucha más efectivo: el número. Los indignados tienen ante sí entonces una tarea titánica, la de exteriorizar su voluntad cívica, sin miedo, hasta niveles insospechados. José Luis Sampedro ha dicho que los indignados tienen la razón, que por eso mismo no tienen derecho a la violencia. Pero me atrevería a afirmar que el grito de la justicia, el grito de esta tierra, es suyo. Luego el derecho a la insumisión les pertenece. Sin miedo. Es más, puesto que a Olympe de Gouges, la autora de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotinaron en aquel período revolucionario en muchos sentidos triste, me permito la licencia de recalcar que es especialmente a las indignadas a quienes corresponde esa tarea.
A estos hábitos democráticos habrá de responder el Gobierno que venga proveyendo de los mecanismos y las condiciones requeridas para que los ciudadanos participen libremente en la vida social y política del Estado. Sólo así, con las herramientas del derecho y las instituciones, los ciudadanos se sentirán implicados responsablemente en su destino, dirigiendo su Estado en la travesía hacia una democracia cada vez más nueva, más real.
Las experiencias, los dramas históricos del Estado español desvelan con nitidez que únicamente por vía de la participación activa de las masas populares (españoles, magrebíes, ecuatorianos) en el examen de las cuestiones más cruciales de la vida del país cabe esperarse una solución justa.
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